Las cifras
son abrumadoras. Y, según el informe sobre trata de personas del Defensora del
Pueblo presentado ayer, son solo la punta del iceberg. En los tres últimos
años, las fuerzas de seguridad han identificado en España a más de 4.000
víctimas de explotación sexual, es decir, personas que, contra su voluntad, son
obligadas a mantener relaciones sexuales una y otra vez.
El año pasado, por ejemplo, las
fuerzas de seguridad detectaron —en distintas redadas en clubes de alterne,
pisos, en la calle o en otras situaciones—, a 14.370 personas que parecían
estar en riesgo de ser víctimas de trata. De ellas, 1.082 fueron finalmente
catalogadas como tales. ¿Por qué? Por los indicios que manejan, como que no
tienen en su poder su documentación o no tienen control sobre ella; porque no
pueden comunicarse con otras personas libremente; porque no tienen libertad de
movimientos; porque han sido forzadas a mantener relaciones sexuales; porque
están pagando una deuda; porque han sido amenazadas si intentan escapar; porque
han sido lastimadas o privadas de comida, agua, sueño, atención médica u otras
necesidades vitales...
Para la defensora, estos indicadores no se aprecian así como
así, y el hecho de que de 14.000 víctimas potenciales solo se identifiquen
1.000, implica que algo se hace mal y que la policía carece de herramientas y
especialización suficientes. “Esto no va de preguntarle a la mujer si es una
víctima”.
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